Los traumatismos causados por el tránsito son un grave problema de salud
pública y una de las principales causas de defunción y discapacidades en todo
el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año fallecen 1,3
millones de personas como consecuencia de siniestros de tránsito, y entre 20 y
50 millones sufren lesiones.
En la Argentina, los accidentes viales constituyen la primera causa de muerte en
menores de 35 años. Y no olvidemos que
además, al igual que en el resto del mundo, tenemos un número significativo de
lesiones y secuelas que lamentablemente se producen en este sector joven de la
población, con toda la vida por delante.
De
esa manera los accidentes causan
muertes y discapacidad. Las lesiones de todo tipo son tan importantes
cualitativa y cuantitativamente que han provocado un cambio significativo en el
sistema de atención de la salud.
En un momento en que las enfermedades
infecciosas tipo dengue o Zica ocupan tantos titulares y preocupan, el impacto
y el daño por los accidentes de tránsito es mucho mayor.
En la mayoría de los países en vías de
desarrollo como el nuestro no existen registros reales y además no se tienen
medidas las consecuencias a nivel de la
atención sanitaria ni legales que los accidentes producen. Esto acarrea
consecuencias en los sistemas de atención de la salud y judiciales difíciles de precisar.
Gran parte de los fondos destinados a los presupuestos de los
ministerios de salud pública son destinados a la atención de estos pacientes
que con sus lesiones requieren atención de complejidad en los hospitales que
los albergan, más la adquisición de las prótesis y diversos materiales que los tratamientos requieren.
Al analizar los factores involucrados en
los hechos viales tenemos el Vehicular,
el Ambiental y el Humano. Los diversos
análisis refieren que el factor humano es el responsable en el 90% de los
casos.
Si consideramos que 9 de cada 10 situaciones se pueden evitar,
muchos analistas se preguntan si no habría que llamar a estos hechos siniestros
y no accidentes. En realidad son hechos evitables con consecuencias y responsables. La
determinación de las responsabilidades es otro capítulo de reflexión.
En general es difícil abordar el estudio de
los accidentes desde el punto de vista de los análisis que hay que realizar y las pericias. En la
práctica, ello hace que sea muy difícil la determinación de responsabilidades y
por ende tener elementos para juzgar lo sucedido.
La
mayoría de las cosas que podemos hacer es mejorar los comportamientos
individuales. El exceso de velocidad y
conductores alcoholizados se llevan lejos el primer lugar como coadyuvantes.
Es fundamental el cumplimiento irrestricto
de las reglas viales, entre ellas tenemos respeto a las velocidades de circulación, realizando
sobrepasos prudentes, dejando una adecuada distancia de seguimiento, respetando
siempre las prioridades de paso, tratando de disminuir las distracciones. Es
obvio que el conductor no consuma alcohol.
El factor vehicular ha mejorado. A partir
de acuerdos entre el estado y fabricantes se establecieron exigencias que
brindan mayor seguridad. Sistema de frenosABS obligatorio. Además sistemas de
airbags frontales y apoya cabezas. Anclajes para sillas infantiles. Y
próximamente el control de estabilidad que ya tienen algunos modelos
Que se hace en el mundo:
Teniendo en cuenta que esta pandemia de escala global mata principalmente a jóvenes de 15 a 24 años, en general no se
duda en aplicar la justicia retributiva
para sancionar con firmeza a los transgresores.
En
Finlandia, un control de velocidad impone multas proporcionales al nivel
económico del infractor; los conductores de autos de alta gama pagan cifras
millonarias.
En Rusia si el conductor está ebrio y produce una víctima fatal
puede enfrentar hasta cadena perpetua. En Inglaterra esa pena es inevitable. En
Texas un juez dicta prisión perpetua para un reincidente que, aunque no provocó
víctimas, tiene ya 10 condenas por conducir en estado de ebriedad. En el sur de
Francia un tribunal sentencia a 6 años de prisión a un conductor alcoholizado
que mató pero también condena, con una pena menor, a su acompañante.
En Chile
la Ley vigente impone una escala penal de tres años y un día hasta 15 de máxima
para quien maneje en estado de ebriedad y genere lesiones graves o muerte. Y
obliga en cualquier caso a cumplir un mínimo de 1 año de cárcel efectiva sin
opción a la libertad condicional.
En estos países las autoridades empujan el
cambio cultural en el tránsito y no discuten si la prevención vial es más o menos
importante que la sanción penal. Simplemente actúan y disuaden y aunque no
tengan necesariamente empatía con las víctimas, las protegen.
En nuestro país
todavía, ni la administración de justicia ni la legislación están orientadas a
penalizar el delito vial. Los accidentes de tránsito constituyen un
problema de la Salud pública que de primera magnitud que debe ser abordado
multifactorialmente.
En estos años si bien se ha trabajado
intensamente para mejorar la seguridad vial, es mucho lo que queda por hacer.
La infraestructura vial debe ser modernizada, los controles se tienen que
profundizar y aún queda mucho por trabajar en cuanto a educación y
concientización.
Manejar correctamente no solo es tener
habilidad, precisión y pericia sino también cumplir las normas y llegar a
destino sin consecuencias tanto para propios como para terceros. Por eso, es
preciso acompañar todas las acciones públicas y privadas que propendan a
mejorar la realidad vial.
Entendemos que todos tenemos el
mismo objetivo independientemente de ideologías o roles: que cada día muera
menos gente en siniestros de tránsito.
